Asistimos hoy a una ofensiva sistemática tendiente a debilitar la democracia, el Estado de derecho, las instituciones de la república, los partidos políticos y los pilares de la sociedad civil. La escuela pública y las universidades del Estado son objetivos a los que se quiere eliminar como elementos centrales de integración ciudadana y de igualación de oportunidades, como ámbitos plurales del saber científico y el pensamiento crítico opuestos al pensamiento único del neoliberalismo y como imaginarios simbólicos de movilidad social. Se busca impedir que se profundicen alternativas al modelo hegemónico. El intento de destruir la educación pública, por vía de la disminución de sus recursos y/o el arancelamiento, excede toda consideración económica y sería ingenuo aceptar el debate en torno a criterios fiscalistas que encubren otros propósitos. Es bueno recordar, en un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, que la educación y la cultura fueron señaladas como enemigos a destruir en nombre de la civilización “occidental y cristiana”. 25 años después, nuevamente se busca disciplinar a la sociedad debilitando las instituciones republicanas. Estamos pasando aceleradamente de un Estado social a un Estado penal. Se exigió extorsivamente que el Poder Legislativo delegara sus funciones en un Ejecutivo donde emerge como figura peligrosísima un “superministro” con poderes especiales, que se presenta como el “salvador de la Patria”. ¿Podemos olvidar que se trata de un conspicuo representante del establishment, ex funcionario de la dictadura militar y del menemismo, responsable del estado de decadencia social, ética y económica que soporta el país? Asistimos al triste espectáculo de un Estado debilitado día a día, con partidos sin voluntad de representar a los ciudadanos y sometidos al arbitrio “del mercado” (eufemismo con que se encubre al capital concentrado). Los grandes intereses económicos, en el despliegue de sus planes estratégicos de lucros y ajustes sin fin, ponen en crisis al sistema democrático. Se apunta al corazón del Estado de derecho: el funcionamiento de las instituciones, la división y equilibrio de los tres poderes del Estado, el ejercicio de la soberanía popular a través de sus representantes, el control de los actos de gobierno y la garantía de los derechos individuales y sociales. Se extorsiona a la Nación con un pseudo baremo llamado “riesgo país”, suerte de sensación térmica del estado de ánimo de los principales gurúes y administradores de los bonos públicos asentados en Wall Street. Por el contrario, el riesgo país real es el del sufrimiento mayoritario de los ciudadanos que acarrean las políticas en ejecución: mayor exclusión social, aumento de la pobreza, crecimiento de la desocupación, deterioro del salario y las jubilaciones, empobrecimiento de las provincias, reducción del Estado en las áreas esenciales de salud y educación, el consiguiente crecimiento de los índices delictivos y la enajenación de la capacidad nacional de decisión en manos de minorías hegemónicas representadas por empresas privatizadas y grandes bancos. La comunidad universitaria no puede permanecer impasible y creer que con la renuncia de un ministro de Economía los problemas fueron superados. Debe, más que nunca, defender la educación pública y gratuita de calidad, reforzar sus lazos con el conjunto de la sociedad en la articulación de la resistencia a estos proyectos, denunciando y proponiendo alternativas y, sobre todo, buscando nuevos caminos para profundizar la democracia.

Gracias a Fortunato Mallimaci, Decano de Ciencias Sociales (UBA).